Debate en Chile por el Registro Nacional de Vándalos: ¿Seguridad o inconstitucionalidad?

La administración del presidente Gabriel Boric ha puesto en marcha un ambicioso pero controversial proyecto: el **Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades**. Aunque el objetivo declarado es fortalecer la seguridad pública y disuadir actos destructivos en espacios comunes, la iniciativa ha generado una fuerte resistencia tanto en el ámbito jurídico como en la oposición de centroderecha.

El exministro de Justicia y actual Contralor de la República designado, Luis Cordero, ha sido uno de los críticos más destacados. Cordero advirtió que la creación de un listado de esta naturaleza podría rozar los límites de la **inconstitucionalidad**. Según el experto, la medida plantea interrogantes sobre el debido proceso y la posible estigmatización permanente de individuos que ya han cumplido sus sanciones ante la justicia.

## ¿En qué consiste el Registro de Vándalos?

El proyecto busca consolidar una base de datos con información sobre personas condenadas por delitos relacionados con daños al mobiliario público, disturbios y otras faltas menores conocidas como "incivilidades". Entre los puntos clave de la propuesta se encuentran:

* **Inhabilitaciones:** La posibilidad de impedir que quienes figuren en el registro trabajen en el sector público o accedan a ciertos beneficios estatales. * **Foco en el orden público:** El gobierno enfatiza que no se trata de una persecución política, sino de una herramienta contra la delincuencia común y el daño a la infraestructura ciudadana. * **Exclusiones notables:** El Ejecutivo ha aclarado que este registro no incluirá a condenados por delitos económicos, colusión o violaciones a los derechos humanos, lo que ha generado críticas adicionales sobre la asimetría en el trato a distintos tipos de criminalidad.

## Críticas desde la oposición y el espectro político

Desde la vereda de la oposición, la alcaldesa de Providencia y figura presidencial de Chile Vamos, **Evelyn Matthei**, ha cuestionado la efectividad de la medida. Para Matthei, el registro es insuficiente si no va acompañado de una estrategia robusta de prevención. Según la edil, el crimen organizado sigue reclutando menores de edad con facilidad, y una lista de antecedentes no soluciona la raíz de la vulnerabilidad social.

Por otro lado, José Antonio Kast ha sorprendido al debate público al solicitar un aumento significativo de la deuda fiscal (cerca de 6.200 millones de dólares) para financiar planes de seguridad de cara al 2026, lo que añade una capa de complejidad económica a la discusión sobre cómo combatir la delincuencia en el país.

## ¿Por qué importa esta noticia?

Chile atraviesa una crisis de seguridad que ha redefinido las prioridades de su agenda política. La creación de registros específicos abre un debate global sobre el equilibrio entre la **seguridad nacional y los derechos fundamentales**. Mientras los ciudadanos demandan mano dura contra el vandalismo, los juristas advierten que simplificar el sistema penal con listados públicos puede socavar los principios de reinserción social y privacidad consagrados en la Constitución.

## Preguntas frecuentes ### ¿Qué es el Registro de Vándalos e Incivilidades? Es una propuesta del gobierno chileno para crear una base de datos de personas condenadas por daños a infraestructura pública y disturbios.

### ¿Por qué se dice que podría ser inconstitucional? Expertos como Luis Cordero señalan que podría vulnerar derechos fundamentales y el debido proceso al aplicar sanciones adicionales tras la condena judicial.

### ¿A quiénes excluye este registro? El gobierno ha confirmado que no incluirá delitos económicos, de colusión ni violaciones a los derechos humanos.